POLÍTICA
El PP de Cádiz y Málaga sellan una alianza para reclamar al Gobierno más infraestructuras
Los populares de ambas provincias celebran una cumbre en Cádiz en favor del Tren del Litoral y la abolición del peaje de la Ap-7
Los presidentes populares Bruno García y Patricia Navarro culpan directamente a Pedro Sánchez de este abandono por una cuestión política
Las provincias de Cádiz y Málaga tienen intereses comunes y, sobre todo, demasiadas necesidades por cubrir en materia de infraestructuras. Esta es la máxima que ha llevado a los dirigentes de PP de ambas zonas del país a sellar este lunes una alianza estratégica para presionar al Gobierno de España en favor de la puesta en marcha de nuevos trenes y de la mejora de las carreteras, entre otros asuntos. Así, el presidente del PP de Cádiz y alcalde de la capital, Bruno García, y la presidenta del partido en Málaga, Patricia Navarro, han celebrado una cumbre política en el Parador de Cádiz. Posteriormente la comitiva se ha desplazado a Jerez y ha rematado en Algeciras la reunión interprovincial.
El regidor de Cádiz ha destacado que las necesidades de ambos territorios no solo afectan a carreteras y a mejoras para el desarrollo turístico sino también salpican al ámbito de la seguridad. En ese sentido, Bruno García ha reclamado un incremento de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la comarca del Campo de Gibraltar.
La presidenta del PP malagueño, Patricia Navarro, ha valorado de forma muy positiva el trabajo en favor de intereses comunes y ha adelantado tres demandas básicas que reclaman ambas provincias. Por un lado, la puesta en marcha del Tren del Litoral, entre Nerja y Algeciras. La segunda reclamación es la eliminación del peaje de la Ap-7, concretamente entre Estepona y Guadiaro. La tercera solicitud está relacionada con las infraestructuras hídricas. En el caso de Málaga faltan inversiones por valor de 2.000 millones de euros. Una de las actuaciones que afectan a Cádiz y que siguen en el limbo es la construcción del embalse de Gibralmedina, en Jimena.
Frenazo al progreso
Tanto García como Navarro han puesto el foco de sus críticas en el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusan de negar inversiones a Andalucía «por no ser de su cuerda política». En ese sentido, Navarro ha explicado que nadie puede frenar el desarrollo de una comunidad por una cuestión ideológica y, en el caso de Andalucía, la ejecutora de esta acción tiene nombre y apellidos. Se trata de la vicepresidenta María Jesús Montero, aunque el máximo responsable del desequilibrio territorial es Pedro Sánchez.
Por lo que se refiere al Tren del Litoral, cabe destacar que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible debe tener sobre la mesa el próximo enero un «estudio inicial de alternativas» sobre cómo y hacia dónde será posible llevar este nuevo servicio a lo largo de la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar, desde Nerja hasta Algeciras.
La reunión del PP de Cádiz y Málaga reclama una mejora en el reparto de los fondos y denuncian trato de favor hacia Cataluña
El último hito, que se acaba de producir sobre esta infraestructura ha sido la adjudicación a primeros de este mes de mayo del esperado estudio de viabilidad del corredor ferroviario de la Costa del Sol. La encargada de la redacción de dicho documento, que tendrá un coste de 991.911 euros (IVA incluido) será la unión temporal de empresas formada por las consultoras WSP Spain-Apia y Multicriteri-MCRIT.
La presidenta del PP malagueño ha aprovechado la ocasión para recordar que este proyecto ya lo anunció el ministro de Fomento, Íñigo d la Serna, durante la presidencia de Mariano Rajoy, sin embargo, es una actuación que ha permanecido dormida en los últimos seis años de gestión socialista.
El estudio de viabilidad se estructura en cinco tramos: Málaga-Fuengirola (donde ya existe una línea de Cercanías de ancho estándar); Fuengirola-Marbella; Marbella-Estepona; Estepona-Algeciras y Málaga-Nerja. Desde Transportes admiten que la línea C1 cuenta con una demanda importante, al conectar la capital malagueña con el aeropuerto de Málaga Costa del Sol, cuarto del país por tráfico de pasajeros, y con ciudades de la costa del Sol occidental como Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola.
En cuanto al peaje de la Ap-7 ambos dirigentes políticos han señalado la necesidad de su abolición y una mejora sustancial de la autopista, que se encuentra colapsada. Málaga cuenta con las dos únicas autopistas de peaje existentes en Andalucía: la Ap-46 o autopista del Guadalmedina, y laAp-7 que atraviesa la Costa del Sol y la conecta con el Campo de Gibraltar. Ninguna de las dos parece que vaya a liberarse por ahora.
Según estimaciones del Gobierno español, liberalizar el peaje de la Ap-7 Málaga-Algeciras tendría un coste aproximado de 2.000 millones de euros, cifra que podría incrementarse tras un análisis más detallado.
Actualmente, se aplican tarifas diferenciadas según la temporada y el tipo de vehículo. Por ejemplo, en temporada normal, el peaje para un vehículo ligero en el tramo Málaga-Estepona es de 5,25 euros, mientras que en temporada especial asciende a 8,60 euros.
Cabe recordar que esta vía de peaje está gestionada por la empresa privada Autopista del Sol, Concesionaria Española, S.A. (Ausol). La concesión de esta autopista se extiende hasta 2046 para el tramo Málaga-Estepona, y hasta 2054 para el tramo Estepona-Guadiaro.
Castigo del PSOE
Tanto Bruno García como Patricia Navarro han coincidido en señalar que el peaje afecta muy directamente a los vecinos y al turismo del Campo de Gibraltar. Igualmente, ambos líderes políticos han destacado que falta un verdadero compromiso del Gobierno de la nación y del PSOE andaluz een favor del progreso de la comunidad. Denuncian el castigo que practica el Gobierno de la Nación a ambas provincias y uno de los ejemplos más claros es la financiación autonómica. Resulta curioso que cuando Montero era consejera en Andalucía reclamaba un reparto más equitativo y ahora que es vicepresidenta, lo rechaza favoreciendo los recursos hacia Cataluña.
Por último, en relación a demandas hídricas, la cumbre del PP se ha referido a la presa de Gibralmedina. Se trata de una iniciativa que nació hace más de 30 años, cuando fue consensuada por los agentes sociales de la zona y por la propia Junta. Sin embargo, las gestiones comenzaron en 2007, con el inicio del estudio de su viabilidad, concretado en noviembre de 2009, cuando la Agencia Andaluza del Agua anunció que ya contaba con un anteproyecto. Su construcción en uno de los afluentes del río Guadiaro, en el término municipal de Jimena de la Frontera y muy cerca de San Pablo de Buceite, garantizará «por completo» la demanda de la población del Campo de Gibraltar y servirá para abastecer a la Costa del Sol occidental en caso de urgencia. Aunque Acosol, la empresa pública que gestiona el agua en esta comarca, pretende asumir la mitad de su dotación hídrica.
La seguridad en la Costa del Sol y del litoral gaditano también ha sido objeto de debate
No fue hasta 2019 cuando la Junta de Andalucía sacó a licitación la asistencia técnica para la redacción del proyecto, ahora en ejecución. El contrato fue adjudicado en octubre de 2020 por 2.277.220 euros a la UTE formada por Typsa e Inproes y la formación del contrato tuvo lugar en diciembre de ese mismo año, con una duración prevista de 18 meses.
Aunque la Administración autonómica es la responsable del estudio y la licitación del proyecto, deberá ser el Gobierno de España el que se haga cargo de la financiación de su ejecución, una obra faraónica que consistirá en la construcción de un embalse de unos 45 hectómetros cúbicos -Charco Redondo tiene capacidad para 79,17 y el pantano del Guadarranque, para 83,15-, además de sus conducciones. Con todos elementos, la obra tendrá un presupuesto estimado de 239 millones de euros: 155 millones para la obra de captación y la construcción de la presa, 39,2 para la conducción hacia el Guadarranque, otros 35,8 para la conexión con la zona regable y 6 millones para las minicentrales de turbinado.
